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La prisión de Jeanine Áñez: entre la persecución política y legalidad

Tras su repentina detención, acusados de “terrorismo, conspiración y sedición” por los sucesos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus ministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, se enfrentan a una situación más compleja.

La policía de la nación llevó a cabo un operativo para trasladar a la exjefa de Estado, que fue detenida en la madrugada del sábado, desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de la ciudad. Por ello, el lunes se conoció la sentencia del juez en La Paz, luego de haber decretado cuatro meses de prisión preventiva contra los acusados.

Áñez estará aislada durante un período de 15 días para respetar el protocolo sanitario y luego se le adjudicará un lugar entre las 200 reclusas “sin privilegios”. Por otra parte, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán ingresaron en el penal de San Pedro, ubicado en la capital boliviana, en igualdad de condiciones.

En otro orden de ideas, esto ha sido explicado por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien sostiene que Áñez fue incluida en el proceso como senadora y no como presidenta, por lo que no ha tenido un juicio especial y está en una cárcel común. A su vez, presentó a la Fiscalía cuatro cargos adicionales por delitos que Áñez «habría cometido» como gobernante. Dichas acusaciones contra la expresidenta deben llegar al Parlamento boliviano, aunque el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Arce no cuenta con los dos tercios de votos necesarios para convertirlas en un “juicio de responsabilidades”. Y frente a estas demandas no figura ninguna sobre la responsabilidad sobre la represión de las protestas contra su Gobierno, en noviembre de 2019, que causó más de 30 muertos y cientos de heridos.

No obstante, la exmandataria considera que su detención es un “acto de abuso y persecución política” del gobierno encabezado por Luis Arce, que la acusa “de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió” y en el marco de un proceso electoral lleno de irregularidades. Al mismo tiempo, escribió una carta a Luis Almagro, Secretario General de la OEA y a Michael Dóczy, embajador de la Unión Europea en Bolivia. En la misiva, Áñez pide que estos organismos envíen misiones oficiales de observación a objeto de que evalúen de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual han sido víctimas.

De ahí que, esta noticia no tardó en generar controversia entre los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional, puesto que un grupo de personas esperaba a Áñez en las puertas del centro penitenciario para demostrarle su apoyo gritando la frase “nadie se cansa, nadie se rinde”, un enunciado que marcó las manifestaciones de la ciudadanía en 2019, el cual denunciaba irregularidades en los comicios generales de ese año.

Por ello, la oposición de la República, tanto como la ONU y la Unión Europea exigen transparencia. Uno de los primeros en manifestarse fue el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, quien consideró que es importante que se respeten las garantías al debido proceso contra los anteriores integrantes del gobierno boliviano, según un comunicado.

Y el Alto Representante de la UE, Joseph Borrell, expresó a través de su cuenta de Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”. Con el criterio de que se respete la independencia de poderes, pidió diálogo y reconciliación. Por lo cual, se recuerda que está organización y la Iglesia católica ejercieron un papel crucial en la transición del gobierno de Morales al de Áñez, ya que lograron establecer mesas de diálogo entre oficialistas y opositores durante el conflicto.

En tercer lugar, no tardaron en hacerse escuchar las opiniones de diversos analistas, quienes creen que Áñez y sus colaboradores pueden enfrentarse a: el proceso en el que ahora mismo están incluidos, enfocado en los días anteriores y posteriores a la renuncia de Evo Morales; un juicio por la actuación de los militares en las primeras semanas de su Gobierno, o las acusaciones sobre la gestión de Áñez ante el Parlamento. Todos los escenarios son bastante opacos si no se asegura la transparencia del. debido proceso.

De ahora en adelante, entre los debates de si el proceso tiene como base la justicia o es considerado un acto irregular, se puede distinguir que corresponde a un caso de persecución política contra quienes defendieron la libertad y democracia en el año 2019 en Bolivia.

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Redacción Acción Política

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