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Perú: Lucha de poder y sanación democrática. Fin del gobierno de Martín Vizcarra

La Democracia se forja y mantiene con una lucha constante entre el bien y el mal donde el fin no justifica los medios. Los antivalores e ilícitos no pueden ser permitidos ni tolerados, ni siquiera en su menor expresión, y, sobre todo, no pueden quedar IMPUNES ya que aumentan, denigran y destruyen un país como el cáncer más mortal; la peor traición de un gobernante al pueblo. A cortar maldiciones y todo mal que afecte la vida democrática de un Pueblo.

Perú vive una lucha anticorrupción, es un proceso con altas y bajas, y como en todo proceso hay una transformación o “sanación”, que es dolorosa y cuya principal víctima es el pueblo. La idea es avanzar, aprender y jamás retroceder. La banda presidencial peruana tiene una “tradición” que parece una “maldición” de ex presidentes presos y enjuiciados por deplorables delitos de corrupción y afines.

Es sumamente ilustrativo el siguiente gráfico:

Presidentes Perú

El lunes 09 de noviembre de 2020, el Congreso del Perú destituyó al ex presidente Martín Vizcarra, a través del proceso de vacancia aplicando la causal de incapacidad moral prevista en la Constitución. Al no existir vicepresidente de la República, según la línea sucesoria constitucional, el cargo presidencial le correspondería al presidente del Congreso.

En consecuencia, con fecha martes 10 de noviembre de 2020 asumió la Presidencia del Perú el señor Manuel Merino de Lama dentro de controversias, violencia y gritos de “golpe de estado”. Eso originó que el pueblo ejerciera válidamente su derecho de huelga o manifestación, siendo la más representativa y multitudinaria la denominada “marcha nacional” del jueves 12 de noviembre de 2020.

Es menester destacar la figura de la incapacidad moral prevista en el artículo 133° de la Constitución peruana, originalmente limitada a temas de salud mental, no obstante, a ello, lógicamente es un tema de valores, pero sería de interpretación genérica, y al ser abierta por cualquier razón podría aplicarse. Entonces, para evitar su mal uso y/o abuso, el gobierno del ex presidente Vizcarra presentó una Demanda Competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), máximo intérprete de la Constitución peruana cuya sentencia a la fecha aún no es emitida y evidentemente tendría un impacto en la actual crisis.

Al ex presidente Vizcarra se le imputa una serie de presuntos graves delitos cometidos ANTES y DURANTE su gestión presidencial. Entre ellos, se le acusa de recibir aproximadamente 2,3 millones de soles (US$ 630 mil) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014, este es el caso llamado “Club de la Construcción”.

Durante su gestión a Vizcarra se le imputan los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir por unos mensajes vía WhatsApp, donde ordena a funcionarios de confianza que mientan u oculten pruebas a Fiscalía, entre otros detalles íntimos o privados de su vida y contrataciones escandalosas a favor de sus amistades, siendo una de las más pintorescas la del señor Richard Cisneros «Swing”.

Recientemente, unos WhatsApp revelarían una coordinación entre Vizcarra y José Hernández, ex Ministro de Agricultura por un presunto cobro de coimas a la empresa ICCGSA en el año 2013. Estos chats fueron corroborados por peritos de Fiscalía y entregados por un aspirante a colaborador eficaz.

Ineficiencia en el manejo de la pandemia, manipulación en las de cifras contagiados y muertos por el COVID-19, soberbia, mentiras descubiertas y más presuntos ilícitos que generaron una tensa relación entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Pueblo.

El actual Congreso está caracterizado por medidas populistas, enfrentamientos entre bancadas, rechazo del pueblo, y lo más grave: estar manchado con presuntos actos ilícitos. Del total de los 130 congresistas, aproximadamente 68 congresistas están investigados por el Ministerio Público. Los delitos imputados varían: peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa, lavado de activos y hasta homicidio. La inmunidad congresal no impide la investigación.

Un detalle importante e irónico: el actual Congreso que se instaló con fecha 15 de marzo 2020 fue elegido para completar el período del anterior Congreso (2016-2021) que fue disuelto por el mismo ex presidente Vizcarra en septiembre de 2019, aplicando del artículo 134° de la Constitución, se podría decir que “el padre” del actual Congreso es Vizcarra, y justamente es este actual Congreso quien lo destituye vía vacancia por incapacidad moral aplicando el artículo 133° de la Constitución.

Manuel Merino de Lama juramentó como presidente del Perú para completar el actual período presidencial de cinco años, su gobierno culmina el 28 julio de 2021. Es el tercer presidente en apenas cuatro años. Asume grandes desafíos entre ellos: 1) Crisis sanitaria. 2) Reactivación económica. 3) Elecciones democráticas presidenciales y Congresales del 11 de abril de 2021. 4) Reconstrucción institucional. 5) Conciliar al Perú.

En el punto más álgido de las protestas populares, el mismo 12 de noviembre de 2020, el presidente Manuel Merino toma juramento a su nuevo Gabinete Ministerial liderado por el premier Ántero Flores-Aráoz Esparza. Se indicó iba a ser un gabinete de “ancha base” que quiere decir un gabinete con diversos sectores políticos. No obstante, la mayoría de ministros son identificados con la derecha conservadora. El nuevo gabinete de Merino se prepara para pedir próximamente el voto de confianza al Congreso.

El próximo lunes 16 de noviembre el Congreso convocará una reunión de emergencia para tomar acción. Se especula que probablemente Merino renuncie a la Presidencia del Congreso de Perú. Sin embargo, todo es muy confuso y hasta ahora no hay nada asegurado.

Aunado a esto, este sábado 14 de noviembre se convirtió en un día de luto o desgracia nacional. A las 10:00 PM, aproximadamente, una huelga pacífica en Lima terminó en casi una masacre, con varios heridos de gravedad y 2 muertes confirmadas, lo más probable es que dicha cifra de fallecidos aumente.

La democracia es tolerancia, respeto y valores. Todos estamos llamados a defenderla con palabras y acciones, cada ciudadano con su talento o virtud a servir, al bien común. En este escenario adverso y desafiante urge preponderar la LEGALIDAD y LEGITIMIDAD de quienes ostentan el Poder. Empoderar al ciudadano en sus derechos y obligaciones. Elegir bien a través del voto porque los gobernantes son el resultado de las decisiones del pueblo y forjan futuro. Quienes decidan SERVIR al Pueblo es por Dios y la patria, sino la JUSTICIA los demandará.

“A dar a cada quien su Derecho” Justicia obre.

Esta información se actualizará en los próximos días. Fecha de cierre: 13 de noviembre de 2020

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Karla Cynthia Horna Urday

Abogada, empresaria y consultora política. Experta en emprendimiento, innovación y liderazgo. Creadora de “Emprende desde el Ser” y “Empresarios de Valor”. Actor Social en Nodos Anticorrupción OEA

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