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Elecciones Parlamentarias 2020: ¿Partida o jugada anticipada?

En medio de la pandemia del coronavirus en Venezuela, y una crisis política sin precedentes, el Consejo Nacional Electoral convocó a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre de 2020 para renovar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, electa en 2015 por mandato popular.

Desde las últimas elecciones parlamentarias, la crisis política ha ido en aumento tras el desconocimiento de los diputados electos del estado Amazonas por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015, y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, sin permitir que el Parlamento ejerza su mandato a plenitud.

La oposición venezolana encabezada por la figura de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha decidido desconocer el proceso electoral y no participar en las elecciones parlamentarias, tras la elección ilegal de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la suspensión de las directivas de los principales partidos políticos y la ausencia de observación electoral imparcial.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro, caracterizado por su resistencia ante los momentos de crisis política, utiliza al Tribunal Supremo de Justicia y al CNE como brazos ejecutores del régimen para ganar ventaja en el proceso electoral, apoyado en la «oposición» de la Mesa de Diálogo Nacional.

Elección de nuevos rectores del CNE

En octubre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó el inicio de la designación del comité de postulaciones de los nuevos integrantes del CNE. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia  declaró en el mes de junio que existe una omisión por parte de la Asamblea Nacional para nombrar a los rectores del CNE, obstruyendo el procedimiento ordinario en materia electoral.

La noche del 12 de junio de 2020, el TSJ designó a los nuevos cinco rectores del organismo electoral, encabezado por rectores del chavismo y la Mesa de Diálogo Nacional afiliados a organizaciones políticas y, contrariando la Ley de Procesos Electorales vigente.

Esto evidentemente demuestra que no existe ninguna intención real de llegar a un acuerdo político para dar salida a la crisis venezolana, sino, por el contrario, busca perpetuar en el poder a una fuerza política y desconocer el mandato popular. Por ello, 27 partidos de la oposición desconocen el proceso electoral y continúan luchando por lograr las condiciones electorales.

A pesar de que los principales partidos de la oposición anunciaron que desconocerían este proceso electoral, la rectora del CNE, Indira Alfonzo, anunció que 89 partidos están habilitados para participar en las elecciones.

Suspensión de partidos políticos

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido y nombrado de forma arbitraria la junta directiva de los tres principales partidos de oposición venezolana: Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, intentando desmotivar y desmovilizar el voto opositor.  En dichos partidos fueron nombrados diputados opositores que fueron expulsados de sus partidos tras ser coaptados por el régimen chavista.

En estas sentencias, el TSJ suspendió la junta directiva del partido y nombró una junta directiva Ad Hoc. Además dictaminó que dichos representantes podían utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas y colores.

Lo anterior, demuestra que la estrategia es cerrar las salidas para un proceso electoral justo e imparcial y confundir a la población para que convalide el proceso al colocar los mismos símbolos, y colores de los partidos intervenidos.

Nuevas condiciones electorales

En la sentencia del 5 de junio del 2020, al declarar la omisión legislativa, el TSJ dictaminó «desaplicar» 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con base al recurso interpuesto por miembros de la Mesa de Diálogo Nacional.

Los cambios que realizó el CNE violan lo establecido en el artículo 268 de la Constitución, el cual prohíbe modificar la Ley de Procesos Electorales en el período de seis meses anteriores a la fecha de las elecciones.

Con base al recurso interpuesto, el CNE aumentó 93 escaños proporcionales con respecto a los actuales, siendo 277 todos los diputados a elegir. Esta estrategia se puede traducir en el aumento de los escaños para poder pagar las lealtades políticas a miembros del chavismo y la Mesa de Diálogo Nacional que se ha prestado para convalidar el proceso electoral viciado.

Asimismo, decidió eliminar el voto directo de las comunidades indígenas, estableciendo un nuevo mecanismo de elección: en lugar de una votación directa y personal, como se había venido haciendo, ahora se implementará por un sistema de delegados, quienes votarán en nombre de las comunidades indígenas.

No obstante, la mitad de las fases que desplegará el CNE para organizar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre constituyen riesgos de contagios de COVID-19 para los electores y los funcionarios electorales.

¿Cuál es la ruta de la oposición al no participar?

La oposición venezolana ha decidido no convalidar el fraude electoral al descartar por los momentos una salida pacífica y electoral a la crisis. Esta decisión en parte, es debido a las recientes medidas del Tribunal Supremo de Justicia, que disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos sin el consenso de las fuerzas democráticas del país.

Del mismo modo, el apoyo a los líderes y partidos de la oposición se encuentra en su peor momento al no haber logrado concretar el cese de la usurpación desde enero de 2019, y al no tener un plan de acción concreto para poder lograrlo, mientras la crisis económica y social se encuentra en aumento y la desesperación crece.

En vista de lo anterior, es indispensable que la oposición plantee una ruta que sea capaz de aglutinar a todas las fuerzas democráticas del país. Este debe ser el principal reto antes del 6 de diciembre.

Asimismo, debe pensarse una estrategia a corto, mediano y largo plazo, que supere el dilema de votar o no votar. Esta estrategia debe buscar rescatar la confianza de la ciudadanía y plantear una ruta alternativa al escenario electoral, además de lograr el apoyo de la comunidad internacional y buscar aumentar la presión interna.

 

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