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ENTREVISTA | Kelly Manotas Llinás, experta en derecho electoral

Colombia tuvo un año sumamente movido en el 2018. Entre las elecciones que renovaron el Congreso, la primera y segunda vuelta presidencial, más las múltiples consultas interpartidistas y la consulta anticorrupción, no se dio tregua a la agitada opinión pública, los escándalos de corrupción que salieron a la luz, las agresivas campañas, las pugnas internas y las infinitas denuncias entre rivales.

No obstante, 2019 no será muy distinto. Para octubre se esperan los comicios destinados a elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. A penas comienza el año y ya las fuerzas políticas empiezan a agruparse y los candidatos a mostrar sus atributos.

Bajo este escenario, la experta en temas jurídico-electorales, Kelly Manotas Llinás, conversa con Acción Política sobre diversos temas de índole político electoral que son de interés para entender este contexto.

Revista Acción Política (RAP): En primer lugar, sabemos de su amplia hoja de vida en temas jurídicos. Ha sido litigante, asesora en diversos temas legales en el Meta y en el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural. ¿Cuáles han sido sus aportes a esas causas?

Kelly Manotas Llinás (KM): Ser abogado te posiciona en todas las esferas del servicio comunitario o a la sociedad, ya que te permite estar en contacto con causas públicas y privadas.

Mis inicios en el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, me permitieron conocer de cerca la realidad de los proyectos productivos cofinanciados por el Estado y realizar estos procesos de auditoría desde el enfoque del control interno. En el Departamento del Meta, apliqué estos conocimientos en la asesoría a la población desplazada, acercándome a ellos desde el esquema de la salud, el diseño de proyectos productivos y la interposición de acciones de tutela para la protección de los derechos fundamentales a favor de dicha población.

Desde lo público en el departamento, he podido realizar procesos exitosos de asesoría jurídica en temas de descentralización en salud y contratación estatal; desde lo privado, me he enfocado en que cada una de los cargos que he desempeñado deje huella de calidad, productividad y eficiencia.

RAP: Quisiéramos saber: ¿Qué temas de la esfera jurídica le apasionan más?

KM: Definitivamente, el derecho administrativo, el derecho contencioso administrativo y el derecho electoral, son mi zona de confort. De hecho, son muchos los años de estudio dedicados a estos temas y al ejercicio profesional en estas materias.

La Constitución, dijo Tomás el hijo de 10 años de una amiga cercana, es un libro muy interesante, y si así lo ve Tomás, es porque el Estado Social de Derecho se vuelve inherente a cada acto de la vida de una persona, hay derecho en el derecho y contexto de derecho en cada decisión de vida.

RAP: ¿Considera usted que el mundo en el que se desenvuelve está dominado por hombres? ¿Cuál es el rol de la mujer en el derecho y en la política en general?

KM: La política en general está dominada por los hombres en el mundo, y Colombia no es la excepción, la igualdad y la paridad de género han recorrido un camino de conquistas minoritarias pero que son el impulso para que la gobernanza democrática mire con igualdad de condiciones a las mujeres y a los hombres.

Se hace necesario un cambio estructural que sea la semilla para un cambio de pensamiento generacional, en el que la infancia y la adolescencia comprendan el concepto de igualdad y pares, para que así los espacios tradicionalmente dominados por hombres permitan la apertura, el fortalecimiento, la creación de modelos y la autonomía propia de las mujeres; si somos capaces de concebir, desde mi perspectiva, somos capaces de procesos de creación en cualquier aspecto.

En muchas universidades, las aulas -no solo las de Derecho- se encuentran con un alto porcentaje de mujeres estudiantes; el cuestionamiento es por qué muchas de estas mujeres no ejercen su profesión y por qué se presenta tanta deserción para el género. La mujer en el Derecho es estudiosa, aplicada, investigadora, en su mayoría incorruptible y con esa capacidad de comprensión en lo social.

Sin embargo, las mujeres sufrimos de obstáculos en la carrera de ascenso profesional, el techo de cristal es muy fino pero inquebrantable. A pesar de existir el reconocimiento constitucional a la igualdad real y efectiva de los derechos, apreciamos salarios menores en comparación con los hombres, falta de oportunidades a la movilidad laboral y en algunas ocasiones utilizadas como relleno de listas sin oportunidades reales de escogencia.

En la política somos hitos; cada vez que una mujer obtiene un logro destellable se convierte en una promoción del liderazgo y del sí se puede y de la inclusión en diferentes sistemas políticos, en el que la puerta queda abierta para nuestro propio cambio de mentalidad a la igualdad de condiciones. El empoderamiento político en la brecha de género global va paso a paso cerrándose pero los grandes saltos cuánticos sólo podrán ser posibles en más de diez generaciones.

RAP: ¿Por qué decidió estudiar derecho y compaginarlo con la contaduría pública?

KM: Siempre he sido muy inquieta, la Universidad de Cartagena me brindó la oportunidad de presentarme inicialmente a la carrera de Derecho y posteriormente en este mismo claustro iniciar mis estudios de Contaduría Pública, estudiando alternadamente las dos carreras.

He considerado que como profesional se deben ofrecer factores diferenciadores en todo lo que se hace, a mí me vienen bien las matemáticas que son la base de la Contaduría Pública, y se conjugan con el Derecho, ya que son razonamientos lógicos que permiten llegar a establecer definiciones y deducciones. Así ocurre con el análisis de los casos en el derecho que luego se convierten en peticiones o demandas.

RAP: Ahora se desempeña como experta en temas de derecho electoral. ¿Cómo es esa dinámica en un momento como este, en el que se avecinan unas elecciones?

KM: Es claro que nos encontramos en una coyuntura muy importante, y que existen varios temas sobre los cuales debemos mirar con atención; entre ellos, de forma general, el seguimiento a la Resolución No. 14.778 de 2018, por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de Autoridades Locales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de las Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de octubre de 2019, y la Resolución No. 386 de 2019, por la cual se establece el Calendario Electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de decisiones de los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, a realizarse el 26 de mayo de 2019, ya que contienen las actividades sobre las cuales la organización electoral, los partidos, los movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, van estructurando las precandidaturas y los candidatos al proceso electoral.

Ahora bien, de forma particular, estos son los temas que a mi juicio deben estar en el radar de cualquier campaña política:

1. Luego de 50 o más años de guerra, tenemos hoy un nuevo partido político estrenándose en elecciones territoriales y que medirá su poder desde el ejercicio de la legalidad, refiriéndome al partido de las FARC. Sin embargo, con muchos vacíos, por ejemplo, el tema de la financiación en este tipo de campañas.

2. Factores de riesgo electoral, tales como: la presencia de grupos armados ilegales (Disidencias, ELN, BACRIM) en disputa de territorios, el masivo asesinato de líderes políticos y sociales, la violencia de género, la violencia a la libertad de prensa, la cedulación de venezolanos con derecho a obtener cédula colombiana, todo esto se concreta en fenómenos como aumento del censo electoral, trashumancia electoral (fraude en inscripción de cédulas) y variación de los niveles de participación en las elecciones dependiendo el territorio y el tipo de variante.

3. Primeras elecciones territoriales en vigencia de la Ley 1864 de 2017, mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Recuérdese que hoy existen tipos penales no consagrados en las anteriores elecciones territoriales, referidos a la elección ilícita de candidatos, tráfico de votos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales y omisión de información del aportante, por tanto estas conductas recaen sobre actividades propias del gerente de campaña, el candidato a cargos uninominales, listas de voto preferente, listas de voto no preferente, el aportante, entre otros.

4. Aplicación de la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición, que a nivel territorial marcará en estreno la aplicación del Artículo 25, el cual se trata de curules en las corporaciones públicas de los candidatos que sigan en votos a los que se declaren elegidos en Alcaldías y Gobernaciones, es decir, tendremos un derecho personal a ocupar una curul en el Concejo Municipal o Distrital o en la Asamblea Departamental si manifiestan su aceptación.

5. Entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, a partir del 28 de mayo de 2019, y la interpretación del operador judicial en cuanto al Artículo 43 que consagra Otras Incompatibilidades, y que enfrentará las diversas interpretaciones doctrinarias frente a la realidad jurídica y su alcance, esto en el tema de concejales y diputados que aspiran a ser alcaldes y gobernadores.

RAP: ¿Es Colombia una sociedad polarizada políticamente hablando?

KM: Polarización, esa palabra recuerdo haberla escuchado de Nohemí Sanín, a finales de los noventas y parece que el país pasa de caso en caso de polarización.

En esa época era la polarización entre Serpa y Pastrana, ayer entre Santos y Uribe, hoy entre la Derecha y la Izquierda, o entre los que quieren y no quieren los Acuerdos de Paz o la JEP, y así ha seguido como el aluvión, el lento e imperceptible, pero no se retira la polarización, pareciera que está en nuestro ADN.

RAP: Según su experiencia como registradora auxiliar, ¿el sistema electoral colombiano es garantía de pulcritud, transparencia e integridad en todo el proceso de unas elecciones?

KM: Particularmente en esta pregunta debo darle al César lo que es del César. Como dice el conocido refrán, si comparo mi paso por la Registraduría Auxiliar debo mencionar que en esa época todo era manual, grandes cuadros E-24, diligenciados con máquinas de escribir, la suma la hacíamos con calculadoras y era una tortura encontrar un error. Hoy el proceso es totalmente diferente, los sistemas de información han mejorado el proceso prelectoral, el del día de elecciones y escrutinios, para la organización electoral y esto se nota en el costo de las elecciones.

Pero siempre que se tiende a la mejora debe existir continuidad en ella, y es por esto, que la coexistencia de los principios electorales y de la función administrativa, deben ser visibles para el ciudadano de a pie, los candidatos, las campañas políticas, los partidos, los movimientos, grupo significativos de ciudadanos ya que estos requieren mayor acceso a la información. Es por ello que si existe una base de sistemas de información electoral debe darse a la sociedad civil y a los interesados en el proceso; primero que puedan auditarse y segundo que obtengan a tiempo la información que se requiera con la seguridad de la confianza en la institucionalidad, que al final es lo que hace que el ejercicio del poder sea realmente democrático.

RAP: Algunas Organizaciones No Gubernamentales aseguran que el sistema y la integridad electoral de Colombia no son totalmente democráticos. ¿En qué se basan esas aseveraciones?

KM: No encuentro fundamento para tales aseveraciones, teniendo en cuenta desde mi formación jurídica, que en Colombia la Constitución Política de 1991 se encuentra como el centro de la que se desprenden principios, derechos y deberes políticos, desde la democracia participativa y pluralista, pasando por la soberanía de donde emana el poder público, el derecho ciudadano de la participación en la conformación, el ejercicio y control del poder político y los mecanismos de participación ciudadana, todo esto conformaría la base del sistema electoral colombiano, acompañado de la materialización de dichos postulados en los órganos electorales.

Tal vez, en el ejercicio real y efectivo, exista mucho más por hacer, pero los mínimos están cubiertos para la conservación de la democracia.

RAP: Hablemos de la ley de cuotas. Se piensa que la ley de cuotas intenta eliminar la brecha de género en cuanto a participación y elegibilidad para cargos públicos. Pero actualmente hay 56 congresistas colombianas, menos de 10 gobernadoras y poco más de 100 alcaldesas. ¿Ha logrado su cometido la ley de cuotas?

KM: Aquí están mezclados dos temas, el primero la ley de cuotas; el segundo el balance de la participación política de la mujer en la integración del Congreso 2018.

La llamada ley de cuotas es realmente la Ley 581 de 2000, y su finalidad es que las autoridades le den a la mujer la adecuada y efectiva participación en todas las ramas y órganos de poder público, en los cargos de mayor jerarquía del nivel nacional, departamental, regional, distrital y municipal y en cargos de otros niveles decisorios; logrando la participación efectiva de la mujer por parte de la autoridad nominadora, en un mínimo del 30%. Igual ocurre en el nombramiento por sistema de ternas en el que al momento de la integración se debe incluir por lo menos una mujer y en el sistema lista en igual proporción hombres y mujeres. La obligatoriedad de esta ley se va al traste cuando las autoridades argumentan que no existen mujeres candidatas cualificadas; es casi una revictimización del género, una forma de discriminación positiva que permanece estática y que no ha avanzado hacia la superación de la discriminación.

En un segundo aspecto tenemos lo contemplado en la Ley 1475 2011, que en su Artículo 28, indica: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros” y en este caso cuando se menciona el género, se refiere a cualquiera de los dos géneros reconocidos en Colombia, es decir, el 30% puede ser masculino o femenino según sea el género mayoritario de la lista.

Desde este entendido, no hay diferencias mayores a la conformación del Congreso en 2014 con el Congreso en 2018. Para el 2014 teníamos 56 mujeres congresistas y en 2018, 56 mujeres como congresistas; diferencias en la composición Senado-Cámara pero sin totales diferenciales.

Desde la Constitución Política de 1991 a nuestros días, el aumento en la participación política de las mujeres es visible, ya que está llamando un 7% a un 20%, pero estamos hablando de 28 años, y 8 años desde la promulgación de la Ley 1475 de 2011, por lo que nuevamente ratificó mi teoría sobre discriminación positiva sin evolución ni movilidad alguna; en este tema hay mucho por hacer.

RAP: ¿Cómo avizora usted el panorama jurídico electoral para la contienda que se avecina en octubre? ¿Qué debe esperar la sociedad?

KM: Las elecciones a celebrarse en octubre de 2019 tienen un panorama jurídico electoral sin precedentes, como le expliqué con anterioridad, son temas qué hay que mantener en el radar con un mapa de riesgos electorales ya tradicionales, pero con factores nuevos qué hay que empezar a monitorizar y sobre los cuales hay que enviar alertas tempranas a la organización electoral, los órganos de control y en el ejercicio de la acción penal.

Al día de hoy, todavía en las regiones se está en el momento de reconfiguración del poder regional, lo que en territorio se traduce en un letargo, falta de decisión o limbo de bases. Una vez se supere esta etapa que debe ser en tiempos de calendario electoral, en más o menos un mes, los candidatos que salgan al ruedo darán la claridad suficiente para que la masa genere la dinámica política.

Tradicionalmente, estas elecciones son las que generan interés directo regional, ya que las entidades territoriales y sus descentralizadas son los mayores contratantes de la dinámica social.

RAP: Según su punto de vista, ¿Hacia dónde avanza la sociedad colombiana en materia electoral? ¿Qué indica que una sociedad tenga índices de abstención elevados?

KM: La sociedad colombiana en materia electoral es una sociedad que se está culturizando cada día más. Hoy sabemos más de nuestros derechos políticos y nuestras garantías constitucionales; el Artículo 40 constitucional se encuentra más vigente que siempre para la conformación, ejercicio y control del poder político. No sólo se habla de sufragio pasivo y sufragio activo, sino de la materia viva en plena transformación; como botón de muestra el Estatuto de la Oposición.

La abstención electoral, se asocia con el hecho mismo del ejercicio del voto. En Colombia el voto no es obligatorio, por lo tanto, es el hecho mismo de la no participación y sus niveles. Depende de la existencia del juego político y la clase de mecanismo de participación que esté activo. Los niveles de abstención varían dependiendo el tipo elección que se convoque, depende de factores sociodemográficos, tales como sexo, edad, nivel de educación, entre otros; factores psicológicos, como indiferencia, desinterés, escepticismo y factores políticos, como las corrientes al momento de la votación, la autoridad de los partidos políticos, la falta de credibilidad en la clase política, entre otras.

Desde el año 2003 hasta las elecciones territoriales del 2015 el histórico del nivel nacional participación electoral ha pasado del 47% al 59%, lo que indica que el nivel nacional de abstención, de acuerdo a las últimas elecciones territoriales, es del 41% del total del censo electoral.

El equipo de Acción Política es el responsable de las actualizaciones de información de actualidad del portal

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